Establecer la existencia de tres poderes del Estado con sede en la capital de la República, ha sido lo tradicional en el Derecho Constitucional ecuatoriano; modificar esto es una de las ideas que discute la Asamblea de Montecristi.

Dos caras de una moneda

Por un lado se plantea crear poderes adicionales y, por otro, un importante número de asambleístas ha firmado su apoyo a la propuesta de trasladar a Montecristi la sede de la Legislatura y a Cuenca la de la Corte Suprema de Justicia.

Esta reforma, que a primera vista puede parecer simple y carente de mayores dificultades (salvo las propias de los intereses o los afectos locales), tiene en realidad una serie de implicaciones y complejidades.

Poder Legislativo

Los problemas logísticos que se anunciaban con la instalación de la Constituyente en La provincia de Manabí han sido superados, pero no cabe comparar el funcionamiento de una Asamblea temporal, con el de un cuerpo legislativo permanente, cuya logística y necesidad de relacionarse con los otros poderes del Estado son distintas, mayores y complejas.

Las instalaciones de Montecristi responden al encargo hecho a la Asamblea; su ampliación será necesaria si el Parlamento pasa a funcionar permanentemente en ellas. ¿Cabe hacerlo cuando se encuentra listo y remodelado el edificio del Congreso en Quito?

El tema de los costos no debe dejarse de lado y estos no abarcan solo los que se requerirán para superar las incomodidades que hoy soportan los usuarios de Ciudad Alfaro, sino aquellos derivados de mantenerse en un lugar distinto al de otros poderes o instituciones del Estado, que para relacionarse con el Legislativo deberán asumir los costos de traslado y estadía de los funcionarios que deban realizar gestiones en el Parlamento o presentar los informes que éste requiera de ellos. Tampoco se debe dejar de mirar el elemento dinamizador de la economía local que el traslado de la Función significaría para Manabí.

El caso de la Función Judicial

Mayor complejidad reviste el caso de la Función Judicial, pues el problema no es únicamente logístico ni de facilidades administrativas.

Primero, es necesario definir si la cabeza de la Función será la Corte Constitucional o la Corte Suprema y cuál de ellas sería trasladada a Cuenca. Pero sea cual sea la decisión, debe tomarse en cuenta que la Corte actúa en íntima relación con otros poderes públicos que se mantendrían en Quito; piénsese, por ejemplo, en la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura; y, en el caso de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo.

No se trata solamente de uno de los órganos del Poder Judicial, sino de toda una estructura de administración de Justicia cuyo funcionamiento podría resentirse como resultado de la separación geográfica.

El problema político

El pretendido traslado de sedes ha generado ya un problema político. Luego de revisar las encuestas, el Presidente de la República y el vocero del bloque de gobierno en la Asamblea anunciaron la inconveniencia de la propuesta. Esa es la medición de las encuestas interpretada por el Gobierno Nacional.

En este caso no se trata de una propuesta verbal, como lo fue el pretendido rediseño del escudo nacional, sino de un pedido formal presentado por una mayoría de asambleístas, muchos de ellos integrantes del bloque oficialista. ¿Van a mantener su firma o allanarse al criterio presidencial? Ya lo veremos el 21 de junio, fecha límite para la presentación de los primeros textos de todas las mesas. Su cumplimiento, por el historial de retrasos en los calendarios de la Asamblea, queda en duda; mientras que la polémica y sus cambios al tenor del debate político, son una seguridad. Al fin y al cabo donde manda capitán…